Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (SAN 28-07-2025) cuestiona el distinto tratamiento fiscal de los arrendadores no residentes según su país de residencia.

Actualmente, aunque todos tributan por las rentas del alquiler en el IRNR, solo los residentes en la UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein pueden deducir los gastos asociados al inmueble, mientras que el resto debe tributar por el importe íntegro percibido.

La Audiencia Nacional considera que esta diferencia de trato puede resultar discriminatoria y abre la puerta a que los no residentes fuera de la UE también puedan deducirse los gastos vinculados al arrendamiento.

De este modo, los contribuyentes afectados pueden plantearse la rectificación de las autoliquidaciones del IRNR no prescritas para dejar abierta la posibilidad de recuperar el impuesto pagado en exceso, a la espera de un eventual pronunciamiento del Tribunal Supremo.

¿En qué consiste el régimen del IVA de caja?

El régimen especial del criterio de caja permite a empresarios y profesionales no ingresar el IVA repercutido hasta que se cobran efectivamente las facturas emitidas. De este modo, el impuesto deja de declararse por el simple hecho de emitir la factura y pasa a vincularse al momento del cobro.

Este sistema funciona en ambos sentidos: el IVA soportado tampoco puede deducirse hasta que se paga la factura al proveedor. Además, existe un límite temporal, ya que a 31 de diciembre del año siguiente al de la operación el IVA deberá declararse, aunque la factura no se haya cobrado o pagado.

La finalidad del régimen es clara: mejorar la liquidez y evitar adelantar a Hacienda un impuesto correspondiente a ingresos todavía no percibidos.

¿A quién puede interesarle el IVA de caja?

El IVA de caja puede resultar especialmente interesante para empresas y autónomos con plazos de cobro largos o con riesgo de impagos. También puede ser adecuado para actividades en las que se repercute más IVA del que se soporta, ya que el ahorro financiero puede ser significativo.

Es habitual encontrar este régimen en actividades como el arrendamiento de locales de negocio, oficinas o naves industriales, donde los retrasos en los cobros no son infrecuentes.

No obstante, también presenta inconvenientes importantes: no se puede deducir el IVA de las compras hasta que se pagan, afecta a los clientes (que tampoco podrán deducirse el IVA hasta pagar la factura) y obliga a llevar un mayor control administrativo y contable. Por ello, conviene analizar cada caso concreto antes de optar por este régimen.

¿Cuándo y cómo se puede ejercer la opción?

La opción por el régimen del IVA de caja debe ejercerse durante el mes de diciembre, mediante la presentación del modelo 036, y tiene efectos desde el 1 de enero del año siguiente.

Una vez ejercida, la opción debe mantenerse al menos durante un año. Si posteriormente se renuncia, no será posible volver a aplicar este régimen en los tres ejercicios siguientes. En caso de no renunciar expresamente, la opción se prorroga automáticamente.

Las nuevas aportaciones que realice a su plan de pensiones podrán minorar la cuota de su IRPF.
Conviene revisar si, antes de que termine el ejercicio, puede adoptar alguna medida que le ayude a rebajar su tributación en la declaración de la Renta de 2025. Una de las más habituales es realizar ingresos adicionales en planes de pensiones.
Tenga en cuenta los límites que la normativa establece para aplicar la reducción en la base imponible:
• En los planes de pensiones individuales, el importe máximo que puede aportar son 1.500 euros al año.
• En el caso de las aportaciones a planes de empleo, este tope se amplía en 8.500 euros adicionales. Es decir, la suma de aportaciones a planes individuales y de empresa puede llegar a los 10.000 euros anuales.
• Si ejerce como autónomo, también puede destinar hasta 4.250 euros a los planes especialmente diseñados para este colectivo. Recuerde que, entre aportaciones personales, de empresa y de autónomos, el límite conjunto sigue siendo de 10.000 euros.
Además, existe la posibilidad de aportar hasta 1.000 euros extra al plan de pensiones del cónyuge y beneficiarse igualmente de reducción. Este límite es independiente de los 10.000 euros anteriores. Para aprovecharlo, es necesario que el cónyuge no haya superado los 8.000 euros de ingresos laborales o de actividades económicas durante el año.
Por ejemplo, si su tipo marginal es del 45% y efectúa aportaciones por el máximo permitido —10.000 euros—, el ahorro fiscal obtenido ascenderá a 4.500 euros.

En los próximos meses, empresas y autónomos tendrán que adaptarse a un cambio profundo en la manera de emitir y registrar sus facturas. Se trata de Verifactu, el nuevo sistema diseñado por la Agencia Tributaria para garantizar que cada factura que se emite sea íntegra, verificable y no pueda manipularse sin dejar rastro. Aunque pueda sonar técnico, su lógica es sencilla: asegurar que la información que llega a Hacienda es fiable y que no existen ventas ocultas ni programas que permitan retocar cifras después de registrar una operación. A partir de 2026, este será el nuevo estándar de facturación en España.

Uno de los grandes malentendidos que se están extendiendo es pensar que Verifactu y la factura electrónica son lo mismo. Nada más lejos de la realidad. Verifactu se centra en cómo se genera la factura y en garantizar que cada registro sea auténtico; la factura electrónica, en cambio, regula el formato de la factura y la forma en que esta se envía entre empresas. Verifactu no elimina el papel ni el PDF, ni obliga a usar formatos digitales complejos. La factura electrónica sí lo hará cuando entre en vigor, sustituyendo definitivamente el PDF como formato válido para las relaciones entre empresas. Ambas normas convivirán, pero cada una responde a un objetivo diferente: la primera lucha contra el fraude; la segunda impulsa la digitalización.

La obligación de adaptarse a Verifactu afectará a quien ejerza una actividad económica o profesional. Las empresas tendrán que estar listas el 1 de enero de 2026 y los autónomos dispondrán de algo más de tiempo, hasta el 1 de julio. Solo quedan fuera algunos grupos muy concretos, como los acogidos al SII, ciertos regímenes agrícolas o quienes directamente no estén obligados a emitir factura. Para los autónomos, la norma también supone un cambio relevante. Muchos profesionales que hasta ahora emitían facturas con Word, Excel o programas muy básicos deberán dar el salto a software certificado si quieren evitar riesgos.

Para quienes tengan una actividad sencilla, la Agencia Tributaria ha desarrollado una solución pública gratuita que permite cumplir con todos los requisitos básicos sin necesidad de contratar software adicional. Es práctica para autónomos que emiten pocas facturas, pero insuficiente para empresas o empresarios con más movimiento. No es un ERP ni un sistema de gestión y no sustituye a las soluciones profesionales del mercado, aunque constituye una alternativa accesible para quienes buscan algo simple y sin coste.

La normativa permite elegir entre dos caminos. Quienes opten por la modalidad Verifactu enviarán automáticamente cada factura a la Agencia Tributaria en el mismo instante en que se emite y la factura debe incluir una referencia indicando que es “verificable en la sede electrónica de la AEAT”. Es la opción más segura y reduce el riesgo de requerimientos porque Hacienda recibe la información en tiempo real. En la modalidad sin Verifactu, el software no enviará la información de forma automática, pero sí deberá registrar y conservar cada modificación realizada, incluyendo una huella digital que deje constancia de cualquier interacción. Aunque esta opción pueda parecer más “discreta”, exige un control interno mayor y deja al contribuyente más expuesto a requerimientos si Hacienda decide revisar su información.

En cuanto a la adaptación, lo más recomendable es que cada empresa o autónomo se dirija directamente a su proveedor de software para que revise su sistema actual y confirme si cumple con la normativa. En caso de ser necesario, deberá actualizarse o sustituirse por un programa que sí esté preparado para Verifactu. Y para quienes tienen negocios pequeños y emiten pocas facturas, existe también la opción de utilizar la solución pública de facturación que ofrece gratuitamente la Agencia Tributaria. Esta herramienta permite cumplir la normativa de manera sencilla, aunque no es adecuada para actividades con mucho volumen o necesidades más complejas.

Hacienda ha sido clara en su posicionamiento: vigilará especialmente a quienes no se adapten y las sanciones tanto a usuarios como a programadores y comercializadores son elevadas.

Este cambio no debe verse tanto como una amenaza, sino como una transición lógica hacia una facturación más transparente, ordenada y automática. Aunque la adaptación puede generar dudas al principio, hacerlo con tiempo permitirá evitar sanciones y mejorar la gestión interna de los negocios. Adaptarse a tiempo permitirá trabajar con más seguridad y evitar problemas innecesarios.

El TEAC dicta una resolución para unificación de criterio relativa al tratamiento fiscal de las remuneraciones percibidas por los administradores que prestan servicios de representación en sociedades vinculadas.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha dictado una resolución que unifica el tratamiento fiscal de las retribuciones percibidas por un administrador de una sociedad holding que a su vez ha sido designado por esta sociedad para que la represente como administradora de otras sociedades vinculadas [TEAC 24/09/2024].

Como es sabido, el cargo de administrador de una sociedad puede ser ocupado tanto por una persona física como por una persona jurídica. En este último caso, la sociedad nombrada como administradora debe designar como representante a una persona física que ejerza las funciones propias del cargo. Este tipo de nombramiento es muy habitual en grupos empresariales, muchos de ellos familiares, en los que se nombra administradora de las sociedades filiales a la matriz del grupo.

El TEAC concluye que “cuando una persona jurídica designa a una persona física, que es consejero o administrador de la misma, en condición de administradora de una sociedad participada, las funciones ejecutivas que desempeña la persona física en la sociedad participada no se pueden entender subsumidas en el cargo de consejero o administrador de la primera sociedad, sino que se trata de funciones realizadas al margen y fuera de las funciones de ese cargo. Por tanto, los servicios prestados por una persona física designada por una persona jurídica como administrador de una sociedad participada no se corresponden con la retribución por el ejercicio de sus funciones de consejero o administrador de la primera persona jurídica. Al no resultar de aplicación la salvedad contenida en el artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, los servicios prestados por la persona física a la sociedad por él administrada (y administradora de otra persona jurídica) deben calificarse como operación vinculada, cuya valoración debe ajustarse al valor normal de mercado”.

Las implicaciones fiscales de esta resolución no son baladís y hace necesario revisar el sistema de retribución de los administradores. Si Hacienda considera que existe una operación vinculada (por los servicios prestados por el representante a la sociedad administradora de la que, a su vez, normalmente es socio y administrador o consejero) esta debe valorarse a precios de mercado. En estos supuestos, para determinar el valor de mercado, Hacienda suele basarse en el método del precio libre comparable tomando como comparable interno el importe de las retribuciones que la sociedad administradora percibe por ejercer su cargo. Es decir, Hacienda considera que la persona física representante debe percibir la misma retribución por sus funciones que la que percibe la sociedad administradora por el ejercicio del cargo de administración.

Esto puede dar lugar a que, si la retribución que percibe la persona física representante es menor a la que percibe la sociedad matriz por su cargo de administradora en la filial, aumente la base imponible del IRPF del representante por la diferencia de valoración, minorando a su vez la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) de la sociedad administradora (la matriz o holding) por el mayor gasto imputable.

Las consecuencias no se circunscriben únicamente al IRPF y al IS. Este criterio acuñado por el TEAC también puede tener repercusiones a la hora de aplicar las exenciones fiscales recogidas en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Sucesiones y en el de Grandes Fortunas. Ha de tenerse en cuenta que las funciones que desarrolla el representante no son propiamente las de administrador, sino que se trata de funciones realizadas al margen y fuera de las funciones de ese cargo, por lo que habrá que comprobar que la retribución de las primeras representa más del 50% del del total de sus rendimientos de trabajo y de actividades económicas.

Por último, no podemos olvidar el régimen sancionador aplicable a las operaciones vinculadas, que dependerá de si existe o no obligación de documentar estas operaciones.

Habida cuenta de lo analizado, es fundamental revisar la retribución de los administradores desde una perspectiva tanto fiscal como mercantil. Desde el punto de vista fiscal, una incorrecta calificación o valoración de la retribución puede generar contingencias, especialmente en lo que respecta a la aplicación del régimen de operaciones vinculadas y la deducibilidad de los gastos asociados.

Por otro lado, desde el ámbito mercantil, es imprescindible garantizar que la remuneración de los administradores esté debidamente prevista en los estatutos y cumpla con los requisitos legales para evitar complicaciones.

Dada la creciente atención de la Administración Tributaria sobre estos aspectos, resulta imprescindible llevar a cabo un análisis detallado y adoptar medidas que aseguren la correcta aplicación de la normativa vigente.

El mes de febrero puede marcar la diferencia en la planificación fiscal de tu empresa.

Si en 2024 tu volumen de operaciones no superó los seis millones de euros, ahora tienes la oportunidad de elegir qué sistema de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades aplicarás en 2025.

Si no comunicas nada a Hacienda, en principio seguirás con el mismo sistema que el año pasado. Pero, ¿estás seguro de que es la mejor opción para tu empresa?

Te explicamos cómo funciona cada sistema y por qué esta elección puede tener un impacto real en la liquidez de tu negocio.

📌 Los dos sistemas de pagos a cuenta: ¿cuál te conviene más? 

1. Sistema de cuotas:

Si optas por este método, los pagos a cuenta de abril, octubre y diciembre se calcularán sobre la base de la cuota a ingresar del último Impuesto sobre Sociedades presentado. En concreto, pagarás un 18% de la casilla 00599 de la última declaración presentada.

– En abril, la referencia será la cuota del IS 2023.

– En octubre y diciembre, se tomará como referencia la del IS 2024.

2. Sistema de bases:

Con este sistema, los pagos a cuenta se calculan aplicando un 17% sobre la base imponible acumulada del ejercicio en curso. Además, permite descontar:

✅ Bases imponibles negativas pendientes de aplicación.

✅ Retenciones e ingresos a cuenta soportados.

✅ Pagos fraccionados previos durante el ejercicio.

📌 Importante: Si tu empresa puede aplicar en 2025 el nuevo tipo progresivo del 21% (para sociedades con menos de un millón de euros de facturación en 2024), el porcentaje baja al 15% en lugar del 17%.

¿Por qué es importante esta elección?

Elegir el sistema correcto puede evitar problemas de liquidez y adelantos excesivos de impuestos.

Por ejemplo: Imagina que tu empresa tuvo un beneficio extraordinario en 2024, lo que generó una cuota elevada en el Impuesto sobre Sociedades. Si en 2025 esta situación no se repite, pero sigues en el sistema de cuotas, tendrás que pagar anticipos muy elevados basados en el resultado del año anterior.

La consecuencia será un adelanto de impuestos que puede tensionar la tesorería de la empresa. Aunque el exceso pagado se devuelve más adelante, este proceso no es inmediato y podría afectar a la disponibilidad de fondos para el negocio.

Por otro lado, si tu empresa prevé un buen ejercicio en 2025, optar por el sistema de bases podría ser menos conveniente, ya que estarías haciendo pagos a cuenta más bajos y tendrías que asumir una mayor carga al presentar la declaración final.

¿Cómo cambiar de sistema? Plazo hasta febrero.

Si en 2024 facturaste menos de seis millones de euros, tienes hasta el 29 de febrero de 2024 para comunicar a la Agencia Tributaria el sistema que quieres aplicar en 2025.

Para ello, deberás presentar una declaración censal (modelo 036). Si no lo haces, seguirás con el mismo sistema del año pasado.

Te en cuenta que si en 2023 tu empresa facturó más de seis millones de euros y en 2024 ha bajado de ese umbral, en 2025 se te aplicará automáticamente el sistema de cuotas. Si prefieres continuar con el sistema de bases, debes informarlo a Hacienda en febrero.

Elige con criterio y protege la liquidez de tu empresa

Este mes tienes la oportunidad de tomar una decisión estratégica sobre los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 2025.

🔹 Si prevés un beneficio estable o creciente, el sistema de cuotas puede ser una opción cómoda y predecible.

🔹 Si tu empresa tuvo un resultado atípico en 2024 o necesitas controlar la tesorería, el sistema de bases puede ser más flexible.

En cualquier caso, una mala elección puede suponer un adelanto innecesario de impuestos o una falta de previsión en la liquidación final.

Si tienes dudas sobre qué opción es la mejor para tu empresa, escríbeme y te ayudo a optimizar tu planificación fiscal.

¿Está Hacienda ajustando cuentas contigo de forma justa?
Descubre cómo el principio de regularización íntegra te puede beneficiar.

Cuando tu empresa se enfrenta a una revisión de Hacienda, ¿sientes que solo hacen ajustes cuando estos te perjudican, pero pasan por alto cuando te benefician?

Es aquí donde entra en juego el principio de regularización íntegra, una herramienta clave para garantizar la justicia tributaria en tu relación con la Administración.

Este principio obliga a Hacienda a ajustar de manera completa cualquier procedimiento de regularización, contemplando tanto los aspectos que aumentan tu carga fiscal como aquellos que te otorgan derechos o beneficios.

Es decir, si Hacienda detecta un error que te perjudica, está obligada a corregir también cualquiera que te beneficie en el mismo procedimiento, sin exigir que inicies nuevos trámites.

Se basa en el artículo 31 de la Constitución Española, que garantiza la justicia tributaria, y ha sido confirmado por los tribunales en diversas sentencias.

Casos donde es aplicable:

El principio de regularización íntegra es especialmente relevante en situaciones como:

1. IVA: En procedimientos relacionados con la inversión del sujeto pasivo, Hacienda debe reflejar tanto lo que debes como lo que puedes deducir.
2. Impuesto sobre Sociedades: En cuestiones como la imputación temporal de ingresos o gastos, o en operaciones vinculadas, la regularización debe contemplar todos los ajustes de forma íntegra.
3. Retenciones no realizadas: Si tu empresa no aplicó retenciones, pero el receptor ya las declaró, Hacienda debe tenerlo en cuenta en el mismo procedimiento para evitar duplicidades.

Pero, ¿Qué pasa si Hacienda no lo cumple?

Aunque Hacienda está obligada a aplicar este principio, en muchas ocasiones no lo hace. Es habitual que los contribuyentes se vean forzados a iniciar procedimientos adicionales, como solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, para reclamar derechos que deberían haberse reconocido de manera automática.

Esto no solo vulnera el principio de justicia tributaria, sino también la prohibición del enriquecimiento injusto: Hacienda no puede beneficiarse de liquidaciones incompletas que perjudiquen al contribuyente.

En estos casos, se puede recurrir la liquidación alegando el incumplimiento del principio y la prohibición del enriquecimiento injusto.

Además, el Tribunal Supremo (TS 28-02-2023 sentencia n.º 247/2023) ha ampliado el alcance de este principio, confirmando que también es aplicable en los procedimientos de gestión tributaria, como la comprobación limitada o la verificación de datos, y no solo en los de inspección.

Este principio garantiza neutralidad, eficacia y justicia en el sistema tributario.

Si estás ante una revisión fiscal o liquidación que no contempla todos los ajustes que te corresponden, es fundamental contar con un asesor especializado que conozca y pueda aplicar este principio.
En un sistema fiscal tan complejo, garantizar que Hacienda actúe de forma justa puede marcar la diferencia para tu empresa.

¿Tienes dudas sobre si Hacienda está ajustando cuentas contigo de forma justa? Escríbeme y analicemos tu caso.