HACIENDA 2026: MÁS DATOS, MÁS TECNOLOGÍA Y MAYOR CONTROL FISCAL

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha publicado las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, un documento que marca las prioridades de la Administración en la lucha contra el fraude fiscal.

Como ocurre cada año, el plan no introduce nuevas obligaciones tributarias, pero sí permite anticipar dónde va a poner el foco la Agencia Tributaria durante los próximos meses.

La principal conclusión es clara: el control fiscal será cada vez más digital, automatizado y basado en el análisis masivo de datos, aunque se mantienen bajo vigilancia sectores tradicionalmente sensibles.

Más asistencia al contribuyente y digitalización de servicios

Uno de los objetivos del plan es mejorar la asistencia al contribuyente mediante herramientas tecnológicas y una mejor organización de los recursos de la Administración.

Entre las medidas previstas destacan:

• refuerzo de la asistencia presencial y telefónica,
• desarrollo de asistentes virtuales para distintos impuestos,
• ampliación de funcionalidades de Censos WEB para facilitar trámites censales.

En la campaña de IRPF se consolidará además “Renta DIRECTA”, dirigida a contribuyentes cuya declaración no requiere modificaciones. También se ampliarán los medios de pago del impuesto, permitiendo el pago mediante Bizum o tarjeta desde la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

El objetivo es claro: facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante servicios digitales más eficientes.

Más información financiera y cruce masivo de datos

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de la información disponible para la Administración tributaria.

La Agencia Tributaria contará con nuevos datos sobre los flujos financieros de los contribuyentes, incluyendo:

• cobros realizados mediante terminales de punto de venta (TPV),
• pagos efectuados con tarjetas bancarias,
• pagos asociados a números de teléfono móvil, como Bizum.

Además, se prevé disponer de información periódica sobre titularidades de cuentas bancarias y otros datos financieros.

Todo ello permitirá detectar incoherencias entre ingresos declarados y movimientos económicos reales, reforzando un modelo de control basado en el análisis automatizado de grandes volúmenes de información.

Criptoactivos y economía digital bajo vigilancia

La economía digital seguirá siendo uno de los ámbitos prioritarios de control.

La Agencia Tributaria intensificará el seguimiento de criptoactivos, utilizando herramientas de análisis basadas en tecnología blockchain para rastrear operaciones y detectar rentas o patrimonios no declarados.

También se prestará especial atención a:

• plataformas de intercambio ubicadas en terceros países,
• carteras digitales no custodiadas,
• transferencias entre monederos personales.

Asimismo, se reforzará el control sobre neobancos y plataformas digitales que canalizan ingresos por venta de bienes, prestación de servicios o alquiler de inmuebles.

El sector inmobiliario vuelve a ser prioritario

El plan mantiene una vigilancia especial sobre el sector inmobiliario.

Además de los riesgos tradicionales —como deducciones indebidas o subcontrataciones abusivas— la Agencia Tributaria prestará especial atención al auge de los alquileres turísticos y de temporada.

Para ello se elaborará un mapa estatal del uso de los inmuebles, que permitirá identificar discrepancias entre el uso real de las viviendas y la información declarada a efectos fiscales.

Grandes empresas, patrimonios elevados y sociedades instrumentales

El plan también refuerza el control sobre grandes empresas, grupos multinacionales y contribuyentes con patrimonios relevantes.

Entre las actuaciones previstas destacan:

• revisión del uso de bases imponibles negativas y créditos fiscales,
• control de determinadas exenciones en el Impuesto sobre Sociedades,
• análisis de estructuras societarias complejas.

Asimismo, se intensificará la detección de cambios ficticios de residencia fiscal y el uso abusivo de sociedades instrumentales para canalizar gastos personales o evitar la tributación en el IRPF.

Economía sumergida y fraude en hidrocarburos

La Agencia Tributaria continuará combatiendo la economía sumergida, prestando especial atención a contribuyentes que:

ꟷ No admitan pagos con medios bancarios o realicen un uso intensivo de efectivo, con especial atención en el empleo de efectivo por encima de los límites establecidos por la normativa.

 ꟷ Utilicen fundamentalmente medios de pago radicados en el extranjero que eviten las obligaciones de suministro de información a la Agencia Tributaria.

ꟷ Ostenten signos externos de riqueza, patrimonio, rentabilidad, etc., que sean incoherentes respecto de las rentas declaradas.

ꟷ Declaren una evolución anómala del importe de sus existencias respecto de su actividad declarada, lo que supone un indicio de la posible existencia de ventas ocultas.

ꟷ Declaren ser sujetos pasivos establecidos en países de la UE a efectos de la aplicación del régimen de ventanilla única y en realidad no dispongan en el citado territorio de establecimientos ni medios para operar.

 ꟷ Presenten rentabilidades incompatibles con la naturaleza de su actividad o con los datos disponibles al respecto, o que declaren pérdidas de modo continuo, incompatibles con la lógica económica de cualquier proyecto económico.

ꟷ Que declaren ingresos inferiores a los pagos efectuados o declarados por terceros.

 ꟷ Puedan utilizar herramientas informáticas (software de doble uso) susceptibles de ser utilizadas para ocultar ventas.

En el ámbito aduanero, el plan prevé intensificar la lucha contra el fraude en hidrocarburos y reforzar el control del comercio electrónico internacional.

Un control fiscal cada vez más tecnológico

El Plan de Control Tributario 2026 confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: una Administración tributaria cada vez más tecnológica, con mayor acceso a información financiera y mayor capacidad de análisis de datos.

Para empresas, profesionales y contribuyentes, conocer estas líneas de actuación permite anticipar los ámbitos en los que la Administración centrará su actividad inspectora durante el próximo ejercicio.

Este mes de febrero, las empresas pueden elegir qué sistema de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades desean aplicar en 2026.
Si en 2025 el volumen de operaciones de su empresa no superó los seis millones de euros, durante este mes de febrero, mediante la presentación de una declaración censal, puede elegir cuál de los dos sistemas existentes quiere aplicar para calcular los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades de 2026 (si no dice nada, en general le será de aplicación el mismo sistema que el año pasado).
Los dos sistemas son los siguientes:
– Sistema de cuotas. Si opta por el sistema de cuotas, en los pagos a cuenta de abril, octubre y diciembre deberá satisfacer un 18% del importe de la cuota del ejercicio a ingresar (casilla 00599) de la última declaración presentada del Impuesto sobre Sociedades. Por lo general, en el pago fraccionado de abril se tomará como referencia el IS del año 2024 y en los de octubre y diciembre el IS del año 2025.
– Sistema de bases. Si opta por el sistema de bases, a la hora de calcular los pagos a cuenta deberá aplicar un porcentaje del 17% sobre la base imponible acumulada del ejercicio en curso, y podrá deducir del resultado obtenido las bases imponibles negativas pendientes de aplicación, las retenciones e ingresos a cuenta soportados, así como los pagos fraccionados previamente realizados durante el ejercicio. No obstante, si su empresa es de reducida dimensión, recuerde que el tipo de gravamen del IS se ha reducido y lo seguirá haciendo en los próximos años. Y si es micropyme, tenga en cuenta que además su tipo del IS es progresivo en dos tramos (no es fijo).
Si su empresa aplica los tipos del IS de las empresas de reducida dimensión, al ser éstos de un porcentaje fijo para cada ejercicio (no progresivo), el cálculo del tipo aplicable en los pagos a cuenta de cada ejercicio es más sencillo.
Si embargo, si su empresa es una micropyme, al existir dos tipos del IS diferentes (uno aplicable hasta 50.000 euros de base imponible y el otro aplicable por el exceso), el cálculo del tipo aplicable en los pagos a cuenta es más complicado, pues por el momento ni Hacienda ni los tribunales se han pronunciado claramente al respecto, existiendo dos posibles interpretaciones.
Si su empresa facturó más de seis millones de euros en 2024, en 2025 estuvo obligada a aplicar el sistema de bases. No obstante, si en 2025 su cifra de negocios ha descendido por debajo de dicho umbral, en 2026 se le aplicará automáticamente el sistema de cuotas, salvo que indique lo contrario. Por ello, si desea continuar aplicando el sistema de bases en 2026, como en ejercicios anteriores, deberá comunicarlo a la Agencia Tributaria a lo largo de este mes de febrero mediante la presentación del modelo 036.
El sistema de pagos a cuenta elegido puede tener un impacto fiscal significativo en la planificación financiera de la empresa. Supongamos una sociedad que en el año 2025 ha obtenido un beneficio extraordinario, lo que ha generado una cuota elevada en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, si esta situación no se repite en 2026 y la empresa opta por el sistema de cuotas, deberá afrontar unos pagos a cuenta calculados sobre la base de la cuota del ejercicio anterior, que podrían resultar desproporcionados respecto a la carga fiscal real del nuevo ejercicio.
Esto implicaría un adelanto excesivo de impuestos, generando tensiones en la tesorería y limitando la disponibilidad de recursos para la actividad empresarial. Aunque el exceso pagado daría derecho a una devolución posterior, este proceso puede no ser inmediato, afectando a la liquidez de la empresa. Por ello, una adecuada planificación fiscal es muy necesaria y puede evitar la inmovilización de fondos en favor de la Administración Tributaria.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (SAN 28-07-2025) cuestiona el distinto tratamiento fiscal de los arrendadores no residentes según su país de residencia.

Actualmente, aunque todos tributan por las rentas del alquiler en el IRNR, solo los residentes en la UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein pueden deducir los gastos asociados al inmueble, mientras que el resto debe tributar por el importe íntegro percibido.

La Audiencia Nacional considera que esta diferencia de trato puede resultar discriminatoria y abre la puerta a que los no residentes fuera de la UE también puedan deducirse los gastos vinculados al arrendamiento.

De este modo, los contribuyentes afectados pueden plantearse la rectificación de las autoliquidaciones del IRNR no prescritas para dejar abierta la posibilidad de recuperar el impuesto pagado en exceso, a la espera de un eventual pronunciamiento del Tribunal Supremo.

¿En qué consiste el régimen del IVA de caja?

El régimen especial del criterio de caja permite a empresarios y profesionales no ingresar el IVA repercutido hasta que se cobran efectivamente las facturas emitidas. De este modo, el impuesto deja de declararse por el simple hecho de emitir la factura y pasa a vincularse al momento del cobro.

Este sistema funciona en ambos sentidos: el IVA soportado tampoco puede deducirse hasta que se paga la factura al proveedor. Además, existe un límite temporal, ya que a 31 de diciembre del año siguiente al de la operación el IVA deberá declararse, aunque la factura no se haya cobrado o pagado.

La finalidad del régimen es clara: mejorar la liquidez y evitar adelantar a Hacienda un impuesto correspondiente a ingresos todavía no percibidos.

¿A quién puede interesarle el IVA de caja?

El IVA de caja puede resultar especialmente interesante para empresas y autónomos con plazos de cobro largos o con riesgo de impagos. También puede ser adecuado para actividades en las que se repercute más IVA del que se soporta, ya que el ahorro financiero puede ser significativo.

Es habitual encontrar este régimen en actividades como el arrendamiento de locales de negocio, oficinas o naves industriales, donde los retrasos en los cobros no son infrecuentes.

No obstante, también presenta inconvenientes importantes: no se puede deducir el IVA de las compras hasta que se pagan, afecta a los clientes (que tampoco podrán deducirse el IVA hasta pagar la factura) y obliga a llevar un mayor control administrativo y contable. Por ello, conviene analizar cada caso concreto antes de optar por este régimen.

¿Cuándo y cómo se puede ejercer la opción?

La opción por el régimen del IVA de caja debe ejercerse durante el mes de diciembre, mediante la presentación del modelo 036, y tiene efectos desde el 1 de enero del año siguiente.

Una vez ejercida, la opción debe mantenerse al menos durante un año. Si posteriormente se renuncia, no será posible volver a aplicar este régimen en los tres ejercicios siguientes. En caso de no renunciar expresamente, la opción se prorroga automáticamente.

Las nuevas aportaciones que realice a su plan de pensiones podrán minorar la cuota de su IRPF.
Conviene revisar si, antes de que termine el ejercicio, puede adoptar alguna medida que le ayude a rebajar su tributación en la declaración de la Renta de 2025. Una de las más habituales es realizar ingresos adicionales en planes de pensiones.
Tenga en cuenta los límites que la normativa establece para aplicar la reducción en la base imponible:
• En los planes de pensiones individuales, el importe máximo que puede aportar son 1.500 euros al año.
• En el caso de las aportaciones a planes de empleo, este tope se amplía en 8.500 euros adicionales. Es decir, la suma de aportaciones a planes individuales y de empresa puede llegar a los 10.000 euros anuales.
• Si ejerce como autónomo, también puede destinar hasta 4.250 euros a los planes especialmente diseñados para este colectivo. Recuerde que, entre aportaciones personales, de empresa y de autónomos, el límite conjunto sigue siendo de 10.000 euros.
Además, existe la posibilidad de aportar hasta 1.000 euros extra al plan de pensiones del cónyuge y beneficiarse igualmente de reducción. Este límite es independiente de los 10.000 euros anteriores. Para aprovecharlo, es necesario que el cónyuge no haya superado los 8.000 euros de ingresos laborales o de actividades económicas durante el año.
Por ejemplo, si su tipo marginal es del 45% y efectúa aportaciones por el máximo permitido —10.000 euros—, el ahorro fiscal obtenido ascenderá a 4.500 euros.

En los próximos meses, empresas y autónomos tendrán que adaptarse a un cambio profundo en la manera de emitir y registrar sus facturas. Se trata de Verifactu, el nuevo sistema diseñado por la Agencia Tributaria para garantizar que cada factura que se emite sea íntegra, verificable y no pueda manipularse sin dejar rastro. Aunque pueda sonar técnico, su lógica es sencilla: asegurar que la información que llega a Hacienda es fiable y que no existen ventas ocultas ni programas que permitan retocar cifras después de registrar una operación. A partir de 2026, este será el nuevo estándar de facturación en España.

Uno de los grandes malentendidos que se están extendiendo es pensar que Verifactu y la factura electrónica son lo mismo. Nada más lejos de la realidad. Verifactu se centra en cómo se genera la factura y en garantizar que cada registro sea auténtico; la factura electrónica, en cambio, regula el formato de la factura y la forma en que esta se envía entre empresas. Verifactu no elimina el papel ni el PDF, ni obliga a usar formatos digitales complejos. La factura electrónica sí lo hará cuando entre en vigor, sustituyendo definitivamente el PDF como formato válido para las relaciones entre empresas. Ambas normas convivirán, pero cada una responde a un objetivo diferente: la primera lucha contra el fraude; la segunda impulsa la digitalización.

La obligación de adaptarse a Verifactu afectará a quien ejerza una actividad económica o profesional. Las empresas tendrán que estar listas el 1 de enero de 2026 y los autónomos dispondrán de algo más de tiempo, hasta el 1 de julio. Solo quedan fuera algunos grupos muy concretos, como los acogidos al SII, ciertos regímenes agrícolas o quienes directamente no estén obligados a emitir factura. Para los autónomos, la norma también supone un cambio relevante. Muchos profesionales que hasta ahora emitían facturas con Word, Excel o programas muy básicos deberán dar el salto a software certificado si quieren evitar riesgos.

Para quienes tengan una actividad sencilla, la Agencia Tributaria ha desarrollado una solución pública gratuita que permite cumplir con todos los requisitos básicos sin necesidad de contratar software adicional. Es práctica para autónomos que emiten pocas facturas, pero insuficiente para empresas o empresarios con más movimiento. No es un ERP ni un sistema de gestión y no sustituye a las soluciones profesionales del mercado, aunque constituye una alternativa accesible para quienes buscan algo simple y sin coste.

La normativa permite elegir entre dos caminos. Quienes opten por la modalidad Verifactu enviarán automáticamente cada factura a la Agencia Tributaria en el mismo instante en que se emite y la factura debe incluir una referencia indicando que es “verificable en la sede electrónica de la AEAT”. Es la opción más segura y reduce el riesgo de requerimientos porque Hacienda recibe la información en tiempo real. En la modalidad sin Verifactu, el software no enviará la información de forma automática, pero sí deberá registrar y conservar cada modificación realizada, incluyendo una huella digital que deje constancia de cualquier interacción. Aunque esta opción pueda parecer más “discreta”, exige un control interno mayor y deja al contribuyente más expuesto a requerimientos si Hacienda decide revisar su información.

En cuanto a la adaptación, lo más recomendable es que cada empresa o autónomo se dirija directamente a su proveedor de software para que revise su sistema actual y confirme si cumple con la normativa. En caso de ser necesario, deberá actualizarse o sustituirse por un programa que sí esté preparado para Verifactu. Y para quienes tienen negocios pequeños y emiten pocas facturas, existe también la opción de utilizar la solución pública de facturación que ofrece gratuitamente la Agencia Tributaria. Esta herramienta permite cumplir la normativa de manera sencilla, aunque no es adecuada para actividades con mucho volumen o necesidades más complejas.

Hacienda ha sido clara en su posicionamiento: vigilará especialmente a quienes no se adapten y las sanciones tanto a usuarios como a programadores y comercializadores son elevadas.

Este cambio no debe verse tanto como una amenaza, sino como una transición lógica hacia una facturación más transparente, ordenada y automática. Aunque la adaptación puede generar dudas al principio, hacerlo con tiempo permitirá evitar sanciones y mejorar la gestión interna de los negocios. Adaptarse a tiempo permitirá trabajar con más seguridad y evitar problemas innecesarios.